Volvemos a salir a las calles por las restricciones en la Interrupción Voluntaria del Embarazo

Nuevamente las entidades sociales y los movimientos feministas salen a las calles para manifestar su oposición a la modificación de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo en la que se quiere eliminar el apartado cuarto del artículo 13.

En el caso de las mujeres de 16 y 17 años, el consentimiento para la interrupción voluntaria del embarazo les corresponde exclusivamente a ellas de acuerdo con el régimen general aplicable a las mujeres mayores de edad.
Al menos uno de los representantes legales, padre o madre, personas con patria potestad o tutores de las mujeres comprendidas en esas edades deberá ser informado de la decisión de la mujer. Se prescindirá de esta información cuando la menor alegue fundadamente que esto le provocará un conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo.
Imagen de la Fundación Internacional de los Derechos Humanos sobre la educación sexual y el aborto

Este tema de la interrupción voluntaria del embarazo es controvertido, e  incluso entre el movimiento feminista hay diferentes posturas sobre el alcance que deben tener las políticas sobre la reproducción sexual o la interrupción voluntaria del embarazo. Pero lo que sí existe es el acuerdo común al considerar que un retroceso en la actual normativa no es la solución, ni siquiera una alternativa que estemos dispuestas a permitir, por ello volvemos a salir a las calles para mostrar la oposición a cualquier modificación que suponga una situación de mayor vulnerabilidad sanitaria y social para las mujeres que deciden realizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Los poderes públicos siguen sin darse cuenta que poner los esfuerzos en limitar el acceso al aborto desde las instituciones reconocidas y habilitadas para tal fin, aboca al uso de otras vías para poder abortar que ponen en peligro la vida de las mujeres que abortan. En esta situación ¿qué es lo que debe primar? la salud pública o la ideología moral sobre el aborto.

Imagen de la Concentración en Castellón por el aborto libre

En mi opinión, la normativa, legislación y políticas públicas deben estar orientadas a garantizar la integridad de las personas, y en este caso, a salvaguardar un entorno sanitario que garantice que estas prácticas se realicen en condiciones de salubridad y no sea una exposición directa a situaciones de riesgo. Por ello, introducir aspectos de carácter ideológico o cultural, que centran la atención en cuestiones de moralidad, hace que las políticas o acciones que se desarrollan pierdan la prioridad de la integridad de la salud.

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1 Respuesta a " Volvemos a salir a las calles por las restricciones en la Interrupción Voluntaria del Embarazo "

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