Nuevamente las entidades sociales y los movimientos feministas salen a las calles para manifestar su oposición a la modificación de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo en la que se quiere eliminar el apartado cuarto del artículo 13.

Este tema de la interrupción voluntaria del embarazo es controvertido, e  incluso entre el movimiento feminista hay diferentes posturas sobre el alcance que deben tener las políticas sobre la reproducción sexual o la interrupción voluntaria del embarazo. Pero lo que sí existe es el acuerdo común al considerar que un retroceso en la actual normativa no es la solución, ni siquiera una alternativa que estemos dispuestas a permitir, por ello volvemos a salir a las calles para mostrar la oposición a cualquier modificación que suponga una situación de mayor vulnerabilidad sanitaria y social para las mujeres que deciden realizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Los poderes públicos siguen sin darse cuenta que poner los esfuerzos en limitar el acceso al aborto desde las instituciones reconocidas y habilitadas para tal fin, aboca al uso de otras vías para poder abortar que ponen en peligro la vida de las mujeres que abortan. En esta situación ¿qué es lo que debe primar? la salud pública o la ideología moral sobre el aborto.

En mi opinión, la normativa, legislación y políticas públicas deben estar orientadas a garantizar la integridad de las personas, y en este caso, a salvaguardar un entorno sanitario que garantice que estas prácticas se realicen en condiciones de salubridad y no sea una exposición directa a situaciones de riesgo. Por ello, introducir aspectos de carácter ideológico o cultural, que centran la atención en cuestiones de moralidad, hace que las políticas o acciones que se desarrollan pierdan la prioridad de la integridad de la salud.